¿NOS EMPOBRECE LA PANDEMIA?

Guatemala está entre los países del mundo donde la diferencia entre su población rica y población pobre es más amplia. Se ha dicho que es el país donde existe la mayor cantidad proporcional de avionetas y helicópteros particulares por persona, mientras que, al mismo tiempo, es el segundo lugar de Latinoamérica -luego de Haití- y quinto en el mundo (UNICEF) en desnutrición infantil. Uno de cada dos niños guatemaltecos está desnutrido. ¿En un país productor neto de alimentos? ¿Cómo es eso posible?

 

Guatemala no es un país pobre. Por el contrario, tiene enorme cantidad de recursos naturales, produce muchos y variados alimentos, tiene un importante hato ganadero, hay abundante agua dulce, muchos minerales en su subsuelo, incluso petróleo, presenta salida a dos mares. No es pobre, para nada (está entre las primeras diez economías de Latinoamérica en relación a su producto bruto interno), pero la riqueza está tremendamente mal repartida creando enormes masas de pobres. En buena medida (alrededor de un 15% de la renta nacional) vive de las remesas que envían compatriotas desde Estados Unidos, donde trabajan en condiciones de suma precariedad, ilegales en muchos casos.

 

¿Por qué no se puede salir de esta situación de pobreza crónica que condena al 70% de la población a vivir en condiciones deleznables? Por la forma en que esa riqueza se reparte; mientras un muy pequeñísimo sector acomodado se queda con la mayor parte de lo producido, las grandes mayorías sobreviven con migajas. Si no fuera por esas remesas o por el trabajo de infinidad de niñas y niños que aportan alrededor del 2% del PBI (lo cual hipoteca su futuro, así como el de la nación), la pobreza de las grandes mayorías populares sería aún mucho mayor. Esas injustas condiciones fueron las que encendieron la guerra interna décadas atrás; pero terminada la guerra luego de 36 años con una cantidad tremenda de secuelas, nada ha cambiado en lo sustancial. El racismo histórico, más allá de un cambio bastante cosmético -los pueblos mayas pueden celebrar sus cultos abiertamente ahora- permanece.  

 

Hace más de un año llegó la pandemia de COVID-19. Como en todas partes del mundo -con excepción de algunos países socialistas que la pudieron manejar exitosamente: Cuba, Vietnam, China- la crisis sanitaria golpeó duro. ¿Por qué? No porque la enfermedad sea realmente algo tan altamente letal; los países socialistas, aunque de esto no hablen los medios comerciales, pudieron controlarla a partir de una planificación con un Estado que vela realmente por la salud de la población. Ahí está la verdadera diferencia.

 

En Guatemala la presencia del coronavirus vino a hacer más patente lo que ya se sabe: que estamos ante una sociedad tremendamente desigual, donde la riqueza producida se reparte muy inequitativamente, y donde el Estado, como supuesto regulador de la vida social, no vela realmente por los intereses de las grandes mayorías.

 

Esto puede verse en que una muy amplia masa de trabajadores no cobra siquiera el salario mínimo. Salario, por otro lado, que no alcanza para cubrir las necesidades elementales de sobrevivencia. El salario mínimo representa más o menos un tercio de la canasta básica. Además, una enorme cantidad de trabajadores no goza de los beneficios sociales establecidos por ley, no recibe los aportes patronales para el Seguro Social, no tiene aporte jubilatorio, muchas veces se retacea el pago del aguinaldo o del Bono 14. Todo lo anterior con el beneplácito de los gobiernos de turno, lo que evidencia que los mismos no trabajan para mantener la equidad social sino solo beneficiando a determinados grupos (léase: el poder económico).

 

En muchas ocasiones los finqueros de las zonas norte del país, en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Izabal, Petén, arremeten contra los pueblos originarios quitándoles sus territorios. Esto se difunde muy poco por los medios de comunicación masivos, que son empresas comerciales que repiten el mensaje de los grupos dominantes, en este caso, de los terratenientes de la zona. Allí no se mencionan los abusos que están cometiendo guardias privados, muchas veces con la complicidad de fuerzas estatales, contra los campesinos del lugar, quitándoles tierras para sus negocios, para las plantaciones de palma aceitera, desviando ríos para sus centrales hidroeléctricas, muchas veces para la instalación de pistas de aterrizaje o laboratorios para el procesamiento y/o trasiego de drogas ilegales. A quienes protestan contra esos atropellos, se les calla, muchas veces con el asesinato.

 

Evidentemente esta democracia formal que se está viviendo desde hace ya más de 30 años no está sirviendo para resolver problemas ancestrales. Llegó la pandemia, y además de la interminable cantidad de muertos que produjo (en Cuba no fue así), permitió que los grandes capitales de siempre sigan imperturbables con sus negocios mientras la población sufre. Hospitales colapsados, gente con hambre agitando banderas blancas, desocupados que perdieron sus trabajos, población con lo que ahora se llama teletrabajo más explotada que antes y una clase dirigente que sigue enriqueciéndose, con un estamento político que le facilita sus negocios: esa es la situación. El COVID-19 pone más al descubierto cómo funciona realmente el país: grupos dominantes que lo único que buscan es su enriquecimiento y una gran masa de población resignada, que tiene como única salida marcharse a Estados Unidos en condiciones de precariedad total. ¿Hasta cuándo?