El “Pacto de Corruptos” –contubernio entre empresarios, militares y políticos impresentables que, con criterios y prácticas mafiosas/delincuenciales, ha ido adueñándose de todos los espacios del Estado– pasa vendetta.
Como mafia que son, se manejan
con impunidad y descaro, apelando a todo método para conseguir sus fines.
Guatemala vive actualmente bajo un narco-Estado delincuencial, donde el
empresariado local y transnacional sigue haciendo sus negocios, con un gobierno
títere que no garantiza los satisfactores básicos mínimos que establece la
Constitución.
La proclamada institucionalidad
ya ni siquiera sirve como pantalla: palabras como “democracia” y “derechos
humanos” son absolutamente vanas. Si bien no existe una feroz y sangrienta
represión del campo popular como sucedía años atrás durante la guerra civil, la
agresión de la clase dominante sobre la clase trabajadora, las comunidades y
los pueblos continúa. La poca confianza que en algún momento hubo en algunas de
las instituciones del Estado, se perdió completamente debido a la cooptación
que las mafias han logrado de los tres poderes. Aunque no está de más recordar
que la represión selectiva continúa: sistemáticamente son asesinados o
encarcelados líderes comunitarios y sindicalistas que levantan la voz contra
los atropellos de quienes intentan aplastar la protesta popular o negar la
organización comunitaria y sindical, todo con el silencio cómplice del gobierno
y de la prensa.
Si quedaba algún espacio
resguardado de esa corrupción e impunidad, la derecha conservadora se está
encargando de cerrarlo. Se vio recientemente con la fraudulenta elección de
rector de la Universidad de San Carlos, dejando a un lado la supuesta autonomía
universitaria, intentando convertir esa casa de estudios, única universidad
pública del país, en un apéndice más de las mafias dominantes. Lo vemos también
en los continuados esfuerzos por desacreditar, entorpecer e intentar destituir
el funcionamiento del Procurador de Derechos Humanos.
Pero más aún lo vemos con
la repulsiva vendetta que esa derecha
se está tomando contra ciertos operadores de justicia. Una vez que se fue la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, ese Pacto de
Corruptos se sintió dominador absoluto de la escena. Lentamente comenzó la
venganza contra todos aquellos funcionarios probos que habían impulsado
investigaciones contra las mafias. La fiscal general y jefa del Ministerio
Público Thelma Aldana, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del
Ministerio Público Juan Francisco Sandoval, la jueza Erika Aifán, miembros de
la ahora desaparecida CICIG, en estos momentos el juez Miguel Ángel Gálvez,
todas y todos ellos son víctimas de la persecución, aduciéndose cualquier
excusa o invención de casos para buscar enjuiciarlos. En realidad, no es
justicia alguna: es decididamente una vendetta,
venganza política contra quienes “osaron” mandar a la cárcel a empresario,
militares y políticos corruptos.
Todo esto demuestra que
en Guatemala ni siquiera puede cumplirse a cabalidad el cacareado estado de
derecho dentro de los marcos capitalistas. Es decir: estamos viviendo una
virtual dictadura de un grupo delincuencial que se siente dueño y señor del
país. El alto empresariado respira tranquilo con este gobierno, porque le
garantiza la más completa impunidad para continuar explotando y acumulando
capital, y la narco-economía (que representa hasta un 10% del PBI nacional) se
siente segura, intocable, eufórica.
Por todo ello la única
manera de detener estas injusticias que ni siquiera pueden mantener la fachada
de un Estado capitalista medianamente funcional, es la movilización. Hoy, si
bien las condiciones objetivas lo reclaman, no están creadas las condiciones
subjetivas para una masiva movilización popular que detenga estas tropelías. Es
sabido que la corrupción es un efecto del sistema, y no la causa última de las
penurias que sufren las grandes mayorías. De todos modos, denunciar con la
mayor fuerza la corrupción y la impunidad que se han ido enquistando en el
Estado es, hoy por hoy, una tarea vital. Una publicación como la presente que
levanta la voz y denuncia sin pelos en la lengua estas arbitrariedades, es un
instrumento de cambio fenomenal. Hagamos circular estas denuncias.
