Desde la última década del pasado siglo la proliferación de empresas
militares privadas, habitualmente conocidas como “contratistas”, ha tenido un
aumento exponencial. Si bien muchas potencias las poseen, es en Estados Unidos
donde se registra el mayor crecimiento. Entre otras pueden mencionarse: Academi
(la más grande del mundo, anteriormente llamada Blackwater –nombre que debió
cambiar por cuestiones de imagen al haber sido denunciada por tremendos excesos
en las operaciones en que participó–, DynCorp, Aegis Defense Services, G4S,
CACI, Titan Corp, Triple Canopy, Unity Resources Group, Defion
International.
Varios motivos explican este impresionante crecimiento: 1) el fabuloso
negocio que representan. En la actualidad estos ejércitos privados mueven más de
100,000 millones de dólares al año. 2) Motivos de orden político: resentida aún
del síndrome de Vietnam (con alrededor de 60,000 muertos), la clase dirigente
estadounidense y su administración federal prefieren ocultar el número de bajas
en sus aventuras bélicas. Los contratistas, al no ser soldados regulares de sus
fuerzas armadas, pasan más desapercibidos para lo opinión pública. 3) Existe
otro motivo más, no muy explícito, pero de gran peso: los mercenarios, por no
ser miembros de una fuerza regular sino personal “independiente”, no están
sujetos a regulaciones internacionales que norman las guerras, como las
Convenciones de Ginebra. Si bien Estados Unidos firmó esos tratados, no los
ratificó, por lo que no se somete a ellos. De esa cuenta, los ejércitos
privados están en un cierto limbo legal, lo cual les excluye del Derecho
Internacional. Así, las tropelías y excesos que puedan cometer (y que de hecho
cometen) quedan relativamente fuera de toda normativa.
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