GUATEMALA: ¿QUIÉN MANDA?

Como en todo el mundo: el poder económico. El presidente es el administrador de turno. Manda relativamente; las decisiones finales tienen aroma a billete de banco.

 

Como país dependiente poco desarrollado en términos industriales, ligado básicamente a la producción agrícola, los dueños reales de la economía (de la nación) son unos pocos grupos. Algunos de ellos, con larga tradición, presentes ya desde la colonia; otros, surgidos en el siglo pasado, vinculados a negocios modernos, más urbanos.

 

Esos sectores han dominado la mayor parte de la economía desde siempre. A ello hay que agregar otro elemento de poder determinante, representante de una economía mucho más grande que la guatemalteca, que manda no sólo en el país sino en toda Latinoamérica, y en buena parte del mundo: Estados Unidos.

 

La guerra interna fue la respuesta dada por estos poderes a quien osara proponer alternativas. Hubo demasiado dolor entonces. La cultura light que actualmente vivimos es su secuela.

 

En el transcurso de esa guerra, el poder armado del Estado, el ejército, tomó una dimensión desorbitada. Fenómeno único en toda Latinoamérica, donde igualmente las fuerzas armadas combatieron las protestas populares y las diversas iniciativas insurgentes que aparecieron para los años 60/70 del pasado siglo, el ejército guatemalteco tomó una proporción monumental, pasando a ser una fuerza económica en sí misma.

 

Sin disputarle abiertamente espacios económicos a los poderes tradicionales, ese ejército –o todos sus tentáculos– se convirtió en una nueva clase económico-social. A partir de él, no como institución, pero sí a partir de muchos de sus altos mandos, surgieron poderes que ya nadie pudo dominar.

 

El genio se salió de la lámpara. La institución castrense, y el poder que fue acumulando, sirvió de base para la aparición de poderes que, sin “existir” oficialmente, pasaron a ser actores claves de la dinámica nacional. Aparecieron los así llamados “poderes paralelos u ocultos”.

 

“La expresión poderes ocultos hace referencia a una red informal y amorfa de individuos poderosos de Guatemala que se sirven de sus posiciones y contactos en los sectores público y privado para enriquecerse a través de actividades ilegales y protegerse ante la persecución de los delitos que cometen. Esto representa una situación no ortodoxa en la que las autoridades legales del Estado tienen todavía formalmente el poder pero, de hecho, son los miembros de la red informal quienes controlan el poder real en el país. Aunque su poder esté oculto, la influencia de la red es suficiente como para maniatar a los que amenazan sus intereses, incluidos los agentes del Estado” (WOLA: 2006).

 

O igualmente: “Fuerzas ilegales que han existido por décadas enteras y siempre, a veces más a veces menos, han ejercido el poder real en forma paralela, a la sombra del poder formal del Estado” (Robles Montoya: 2002).

 

Esa red de poderes tiene presencia muy fuerte en la dinámica nacional. Según datos aportados por Naciones Unidas, manejan sectores “calientes” de la economía (contrabando, narcotráfico, crimen organizado, tráfico de personas y de armas, tala ilegal de bosques, turbios contratistas de Estado) manejando no menos de un 10% del PBI. Evidentemente, constituyen un poder.

 

Durante la presidencia de Barack Obama en Estados Unidos, la política de Washington intentó “transparentar” un poco los Estados centroamericanos, por lo que la CICIG tomó un rol determinante, junto con el fortalecido Ministerio Público. De ahí que comenzaron a desmantelarse algunas de esas redes criminales. Pero la realidad enseñó que las mafias se habían enquistado profundamente en las estructurales estatales, fusionándose con buena parte de la clase política. De ahí que hablamos de un Pacto de Corruptos, conformado por empresarios, ex militares, políticos y crimen organizado. Pacto que tiene una importancia decisiva en muchas de las decisiones de la política nacional, habiendo copado distintos poderes del Estado.

 

¿Mandan esos poderes? Son uno de los factores dominantes, junto a un empresariado tradicional ligado a negocios lícitos, los cuales también juegan corrupta e impunemente (evasión fiscal, desalojo violento de tierras y desvío de ríos para su propio aprovechamiento, incumplimientos laborales).