Algunos años atrás, en el
informe 2011 “Crimen y violencia en Centroamérica. Un desafío para el
desarrollo”, del Banco Mundial, ya podía leerse que “El crimen y la violencia constituyen el problema clave para el
desarrollo de los países centroamericanos. En tres países -El Salvador,
Guatemala y Honduras- los índices de crimen y violencia se encuentran entre los
tres más altos de América Latina. (…) Las
tres causas principales de la violencia en la región: el tráfico de drogas, la
violencia juvenil y las maras, y la disponibilidad de armas de fuego [y] la debilidad de las instituciones
judiciales como un alto factor de riesgo frente a la expansión del crimen y la
violencia generalizadas”. Pero ¿Qué hay detrás del crimen y la violencia en
Centroamérica?
En sintonía con esto, el jefe del Comando Sur de las
fuerzas armadas de Estados Unidos, general Douglas Fraser, declaró vez pasada
luego de una visita a México en el marco de la “guerra al narcotráfico” que se
da en el país azteca: “El Triángulo
norteño de Guatemala, El Salvador y Honduras es la zona más letal del mundo
fuera de las zonas de guerras activas”. Sin dudas el istmo centroamericano
no pasa por su mejor momento, y todo indica que su perspectiva de futuro no es
muy promisoria: la potencia del Norte ha desplazado su frontera sur desde
México hacia Centroamérica.
Toda Centroamérica -una de
las regiones más pobres del mundo- está hoy virtualmente en guerra. Firmados
los débiles procesos de paz en años pasados (Nicaragua en 1990; El Salvador en
1992; Guatemala en 1996), ningún país conoció ni la paz ni la recuperación
económica. Las guerras oficiales terminaron, sin embargo el área siguió
militarizada, violentada, con índices altos de criminalidad, plagada de armas. Y
con una pobreza crónica y estructural de las más altas del mundo.
La violencia es negocio para
muchos; por supuesto que no para las grandes mayorías, que son quienes siguen
poniendo los muertos y heridos, estén o no en guerra en términos técnicos. Pero
sí para los distintos grupos de poder: élites históricamente dominantes ligadas
a la agroexportación, nuevas élites vinculadas a los negocios “calientes”
(crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero) y, como siempre, la
omnipresente “Embajada” (ni siquiera hay que aclarar de qué delegación
diplomática se trata, pues se sobreentiende que es Estados Unidos el principal
tomador de decisiones para la región, el real poder tras las endebles
presidencias locales).
Si bien Centroamérica no
representa un gran mercado para las multinacionales estadounidenses, la zona
tiene importancia vital en la estrategia de dominación continental. La
militarización en marcha así lo indica, por ello la presencia militar de
Washington en América Central y el Caribe está creciendo a pasos agigantados,
amparándose en la siempre justificable “lucha contra el crimen organizado y el
narcotráfico”.
La región, en realidad,
tiene más que nada una importancia estratégica para la planificación de
Washington. No es, precisamente, una proveedora de recursos naturales de
importancia toral para las políticas de la Casa Blanca. Si bien tiene elementos
apreciados (agua dulce, biodiversidad de las selvas tropicales, algo de
petróleo, minerales estratégicos), es su posición geográfica la que interesa.
En realidad, para la geoestrategia hemisférica estadounidense, el istmo
centroamericano es una gran base militar que le permite operar con facilidad en
la cuenca del Caribe.
Centroamérica atraviesa un
período de violencia crítica que justifica la necesidad de más “mano dura”, más
armas para combatir a este flagelo del crimen organizado “desatado”, más
estados de sitio puntuales. Toda esta criminalidad violentísima abona, en
definitiva, la idea de “Estados fallidos” y la consecuente “necesidad de
Washington” de ir a salvarlos.
¿Será cierto que a alguna
administración de Washington, republicana o demócrata, le preocupa el
narcotráfico? Si hubiera un interés real por terminar con un problema de salud
pública tan amplio como el consumo de drogas ilegales en su país, otras
deberían ser las iniciativas. Quemar sembradíos de coca o marihuana en
Latinoamérica no baja el consumo de estupefacientes entre los jóvenes de New
York o Los Ángeles. Esta supuesta cruzada universal moralizante contra las
drogas ilegales esconde otras agendas, mucho más pérfidas que un genuino
interés por la salud de su población joven, “víctima” de malvados malhechores
latinoamericanos que les envenenan enviando cargamentos “demoníacos”. Sirve, en
definitiva, para mantener militarizada la región, beneficiándose de ello
solamente la política de Estados Unidos (negocios para los fabricantes de
armas, posicionamientos estratégicos para sus fuerzas armadas).
La violencia nunca puede
combatirse eficazmente con más violencia. Entonces: ¿por qué se sigue
militarizando un problema que no es militar? ¿Será que esta “guerra a muerte”
contra el narcotráfico y el crimen organizado tiene otros intereses? Obviamente
sí.
Esta lucha permite a la
geoestrategia de Estados Unidos estar donde quiere, cuando quiere y haciendo lo
que quiere. Si de la salud pública de sus adictos se tratase, no invadiría ni
abriría bases militares en el extranjero, y en vez de soldados debería tener
médicos y psicólogos en sus territorios.
Sin dudas México y los
países centroamericanos constituyen hoy la ruta principal por la que transita
la droga latinoamericana (proveniente en buena medida del Altiplano andino) con
rumbo a Estados Unidos, con poderosos cárteles que terminan siendo un Estado
dentro del Estado, moviendo buena parte de las economías locales (en Guatemala,
por ejemplo, se estima que hasta un 10% de su Producto Interno Bruto).
Sin dudas en estos momentos
asistimos a una catarata mediática impresionante respecto a estos temas. La
sensación que se transmite a diario por los medios de comunicación es que las
mafias delincuenciales “tienen de rodillas a la población”. Todo ello justifica
la implementación de planes salvadores. En ese sentido puede entenderse que la
actual explosión de narcoactividad y crimen organizado es totalmente funcional
a una estrategia de control regional, donde el mensaje mediático prepara las
condiciones para posteriores intervenciones.
Ahora bien: ¿son
efectivamente las prioridades de Centroamérica la lucha contra todas estas
calamidades? ¿Mejorarán las condiciones de vida de sus poblaciones por medio de
esta nueva iniciativa de remilitarización? Seguramente no, pero sí mejorarán
los balances de las grandes empresas del Norte. La ola de violencia que no para
en la región ¿sólo con más violencia podrá terminarse? ¿Y qué tal si se
legaliza la droga, o se crean puestos de trabajo para los jóvenes?
Evidentemente no es ese el negocio trazado por los grandes poderes.
A Estados Unidos lo único
que le interesa es no perder sus buenos negocios. La actual Alianza para la
Prosperidad destinada a los países del llamado Triángulo del Norte de
Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) en realidad busca generar
mínimas condiciones de sobrevivencia algo más dignas que las actuales en esos
países, para evitar así las migraciones masivas hacia el “sueño americano”, migraciones
que se tornan de muy difícil manejo en el territorio del norte. Países estos
que, además de seguir suministrando mano de obra super barata para las empresas
estadounidenses, pueden ser un dolor de cabeza en el tablero de Washington por
su explosividad. Pero, por supuesto, lo que está en juego se trata de control,
de dominación hegemónica. De prosperidad: ¡ni hablar!
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