Para
el llamado Pacto de Corruptos que viene gobernando el país desde hace cuatro
años, pareciera que el furioso espíritu anticomunista (conservador, y en caso
guatemalteco, profundamente clerical) de la Guerra Fría aún sigue presente.
Ello se manifiesta en el discurso abiertamente antiprogresista que se ha venido
dando en estos últimos tiempos, donde cualquier atisbo de cambio o disenso (la
misma ONU, el anterior embajador estadounidense Todd Robinson, el actual Papa
Francisco, la lucha por el aborto o por los derechos de diversidad sexual) es
visto como “comunista”, desestabilizador, peligroso.
La
posibilidad que gane la UNE con Sandra Torres a la cabeza en la segunda vuelta,
de hecho, la percibe como sumamente amenazante, porque le hace sentir que
podría perder su absoluta impunidad. ¿Volvería la CICIG? (Y que quede claro que
la candidata Torres no es, precisamente, una “blanca palomita”).
En esa lógica de derechización creciente,
las organizaciones no gubernamentales que trabajan en relación al campo
popular, siempre con fondos de la cooperación internacional, son vistas como
desestabilizadoras, casi terroristas, por cuanto “financian la
subversión, las marchas caóticas, las propuestas alternativas”. De esa cuenta
se encuentra en el Legislativo la INICIATIVA
5257, que
dispone aprobar reformas al Decreto número 02-2003 del Congreso de la
República, Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, pues
sienten que ahí, entre otros frentes, hay movilización de base peligrosa. La
intención es silenciar ese trabajo. De ahí que se pretender obstaculizar el
trabajo de esas ONG’s.
PERO… ¿NO ES QUE EN LA DEMOCRACIA SE VALE DISENTIR?
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